Por Jorge Molina Inostroza
La ciudadanía ha asistido, cuando menos, con cierta perplejidad, al debate público sobre el nuevo emplazamiento de la cárcel de Chillán o, quizás, eufemísticamente: Centro de Rehabilitación Penitenciario de Chillán.
Un raciocinio elemental impone la premisa, de que el actual emplazamiento es inadecuado; su ubicación en el centro de la ciudad, atrasa el progreso de ésta; se trata de una construcción vetusta y sobrepasada en la capacidad de servicio para la que fue creada. Estos son hechos innegables y muy negativos para las personas allí recluidas y para sus custodios. Ocurre también que el poco espacio, hace inviable toda ampliación o modificación.
Consecuencia de lo anterior es la necesidad de reubicarla en un lugar apropiado, el que se entiende ha de estar fuera y distante de la ciudad.
Nos parece que hasta aquí no hay mayor discrepancia.
Los problemas comienzan, cuando se busca donde construir el nuevo establecimiento. Lo que ha generado un publicitado rechazo en cada uno de los lugares insinuados como posibles ubicaciones. Todo apunta a oposiciones personales hechas en nombre de comunidades, que parecen bastante indiferentes frente al tema.
El principal argumento es que el recinto acarreará mayor delincuencia, que bajará la plusvalía de los terrenos adyacentes y que no habrá tranquilidad en los alrededores. Personalmente, no nos parecen reales esos argumentos.
No se ha sabido que el vecindario del recinto actual sufra de intranquilidad, o que la cárcel haya hecho bajar el precio de las propiedades. ¡Vaya a comprar alguna!
Sería muy ilustrativo que alguno de los opositores nos dijera dónde, a su parecer, debe construirse el nuevo Centro de Rehabilitación Penitenciario de Chillán, para que sepamos que habla con propiedad de algo que sabe.
Lo que nos parece innegable es que nuestras autoridades deben zanjar el problema, porque para eso fueron elegidas o designadas, la autoridad no pregunta ¿Que desean que mande? Su deber es gobernar, es decir, resolver y ejecutar, lo que no significa actuar a espaldas de la ciudadanía. Pero, en su momento deberán pronunciarse y este es el momento.
Nuestra ciudad no puede perder la oportunidad de progreso que significa el traslado del establecimiento carcelario, ya aprobado y asignados lo fondos en el presupuesto de
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