EL CAMPESINO DE SANTA LUCÍA BAJO

                                                  O La Punta del Iceberg

  

Don Héctor Castro Molina, es un mini agricultor, sin estudios ni experiencia alguna en actividades mercantiles, con domicilio en la localidad de Santa Lucía Bajo, en la pre cordillera de Ñuble, a 40 Km. al Oriente de Yungay, datos previos necesarios para aquilatar la magnitud de la falta de servicio de los Órganos del Estado, para decirlo dulcemente.

Don Héctor Castro fue estafado en la compra de un tractor, en una operación en que funcionarios de la oficina INDAP YUNGAY, en concomitancia con consultores técnicos de asesoría ODEPA y de la Oficina PRODESAL Yungay Dos, lo indujeron, en el año 2013, a participar en un Proyecto, que lo beneficiaría con la adquisición de un tractor KUBOTA, reacondicionado, cuya cotización de $2.000.000. y fotografía le exhibieron, el que sería destinado al trabajo de su predio agrícola, ubicado en el lugar de su domicilio.

EL INDAP le entregó al efecto, la suma de $ 3.391.500, cantidad que resulta de sumar $1.500.000, como incentivo y el resto como crédito que debe ser devuelto con intereses dentro de cierto plazo. Esto le permitió pagar en Santiago, de contado, a la Importadora Nakayama, en presencia de los asesores y guías técnicos, el tractor Kubota de la fotografía. Pero el tractor que le enviaron a Yungay no fue el comprado sino un “mini tractor Yanmar” del año 1980 y en un estado deplorable: no funcionaba el alternador, el radiador oxidado y roto, carecía de barra de tiro, tubo de escape, aceite del motor y caja de cambios, por señalar los más imprescindibles.

El tractor tuvo así una vida efímera, después de algunos ensayos, se detuvo y ya no fue posible hacerlo funcionar. Digamos, inmediatamente, que un perito lo tasó en $800.000, incluidos los accesorios.

Como asesor jurídico de don Héctor Castro Molina y en su representación, recurrí, en primer lugar, a la oficina de INDAP en Yungay; la jefa de oficina instaba a que el señor Castro devolviera el tractor al vendedor, para que éste le reembolsara el precio o, quizás, le entregara el Kubota ofrecido. Recuérdese que era necesario atender a esta devolución en Santiago y que para esto no había asesores ni guías, ellos tenían esa calidad solamente para comprarlo. Está claro que INDAP, ODEPA, PRODESAL Yungay Dos, ni funcionario alguno, se interesó por impedir la consumación del delito de estafa. Mi recomendación fue no entregar el tractor, a menos que se le restituyera previamente lo pagado, ya que éste es la prueba del fraude, pero, esto permitió a la jefa de oficina afirmar que don Héctor Castro Molina había optado por conservar el tractor.

Denuncié entonces a la Contraloría Regional, la malversación de caudales públicos, implícita en estas singulares operaciones de incentivo a la pequeña agricultura. Para ilustrar al organismo contralor, describí el caso del señor Héctor Castro Molina. La contraloría no dijo una palabra sobre malversación, pero se refirió latamente a la situación de mi representado, concluyendo que se trataba de un conflicto entre particulares.

Ante tan singular respuesta, llevé el asunto a la Contraloría General de la República, y, la respuesta fue que ese Organismo Fiscalizador había tomado conocimiento de los antecedentes proporcionados por esta parte, los que serían “tenidos en cuenta en la planificación de las actividades de auditoría que son de competencia de esta Entidad de Control” lo que no ha ocurrido aún.

El cambio de gobierno me indujo a poner los antecedentes en conocimiento del nuevo Director Regional de INDAP, don Andrés Castillo Candia, quién me respondió en Agosto siguiente, haciéndome notar que una presentación similar habíamos hecho a la Contraloría General de la República la que había solicitado informe a esa Dirección Regional y, una vez evacuado, desestimó el reclamo hecho por nuestra parte. Agrega que se consultó a la Agencia Área Yungay por si existía un nuevo antecedente que permitiera revisar la situación del señor Castro Molina y al no tener respuesta positiva “Este Director se atiene a lo resuelto por la Contraloría General de la República” Atienda el benevolente lector: la Contraloría, pide informe al INDAP – no investiga – y resuelve desechar el recurso y luego el Director Regional de Indap., se atiene a lo resuelto por la Contraloría.

El paso siguiente me llevó a la Intendencia de Concepción, allí fui atendido con deferencia, por orden del señor Intendente, que no pudo recibirme; el resultado: oficio al señor Ministro de Agricultura, quién lo derivó al señor Director Regional de INDAP… Recibí, con fecha 25 de Noviembre de 2014, la segunda comunicación de esa alta Dirección, asegurándome que se había ordenado una investigación y fiscalización de todos los proyectos de Inversión y Fortalecimiento productivo desarrollados en la comuna de Yungay durante el año 2013, de la que se me haría saber el resultado. Éste vino en la comunicación de 5 de Febrero de 2015, firmada por don Juan Hermosilla Jaque, Director Regional subrogante. Verá el amable lector que este documento, merece capítulo aparte. Comienza diciendo que “La situación por Ud. planteada ya fue respondida con los antecedentes que nuestro Servicio tenía a disposición.” Agrega luego una novedad, dice que la Contraloría General de la República desestimó “el reclamo formulado por Ud. en contra del Instituto de Desarrollo Agropecuario” Sabe el lector que ese reclamo todavía no lo he formulado, pero lo estoy pensando… Me hace saber, a continuación, que ante mi requerimiento al señor Intendente, “para efectos de mayor transparencia y contundencia en la información a Ud. entregada, es que se ordenó realizar una investigación en el Área Indap Yungay, a los agricultores beneficiados con el mismo incentivo que don Héctor Castro Molina” La que se habría realizado entre el 22 de Diciembre de 2014 y 8 de Enero de 2015.

¡Amable lector, tome asiento! En primer lugar “se procedió a solicitar los antecedentes administrativos de los usuarios que obtuvieron incentivos similares al señor Héctor Castro Molina, esto con la finalidad de chequear el proceso administrativo”

“El siguiente paso, fue entrevistar a don Jaime de la Fuente, técnico del Prodesal 2, quien junto a su jefe técnico, don Roberto Cortés Asenjo, generaron los proyectos para adquirir estos mini-tractores reacondicionados”

“Por último, se visitó a los usuarios que habían adquirido este tipo de tractores” Da el nombre de cuatro adquirentes en Yungay, dos hombres y dos mujeres. (Nótese la paridad) Y concluye:

1.- “El proceso se desarrolló de acuerdo a lo normado por Resoluciones…” largas de citar.

2.-La postulación a los proyectos la efectuaron los usuarios asesorados por los Jefes Técnicos. El caso del señor Castro Molina por el señor Roberto Cortés Asenjo “respetando todos los procedimientos administrativos como informáticos, no observándose anomalía alguna”

3.- “De las entrevistas a los agricultores se puede concluir que no hay mayores reclamos al respecto, que ellos personalmente eligieron sus equipos sin presiones, que no existen sobreprecios ya que se verificó este tema con cotizaciones comparadas con valores de mercados internacionales…, y que los cuatro equipos restantes están funcionando a plena satisfacción de los usuarios.” Sería muy ilustrativo que el señor Director Regional nos dijera, “para efectos de mayor transparencia y contundencia en la información” como él dice, cuándo, cómo y dónde se atendió a la cotización internacional de marras.

De las comunicaciones que han ido y vuelto se desprende un hecho innegable: ninguna de las investigaciones ha tenido en cuenta al señor Castro Molina o a este asesor jurídico, como tampoco y por ningún motivo, se le ha echado una mirada al tractor y menos aún a eso de que la máquina ofrecida fue un KUBOTA que es algo más razonable. La conclusión final, no emana de la situación del reclamante sino de lo que ocurriria a terceras personas, en circunstancias similares, las que están muy conformes con sus máquinas. Falta decir que el señor Castro fue desvinculado de todo beneficio que pudiera emanar de estos servicios de la Administración Central del Estado. ¿No será esta la clave de la aprobación de los usuarios, a que se refiere el número dos de la comunicación en cita?

Me pregunto si a alguna autoridad preocupan estos micro Penta, o si carece de toda relevancia el que un “campesino pobre de Yungay adentro” tenga que pagar $3.391.500, por un adminículo inservible. Y, me pregunto también, si sabe la verdad de esto, el señor Ministro de Agricultura, el señor Intendente de Concepción, el Director nacional de INDAP o la señora Gobernadora de Ñuble, etc. porque, convengamos: las investigaciones y resoluciones del Director Regional de INDAP, don Andrés Castillo Candia o del subrogante, don Juan Hermosilla Jaque, ofenden la inteligencia. En suma, don Héctor Castro Molina, no es persona a la que protejan las Garantías Constitucionales, ni legales, porque esos encumbrados señores no cumplen sus obligaciones.

Conozco a don Héctor Castro Molina (Ahora minusválido) desde que era muchacho. Por eso, sin arrogancia, sí con determinación, le hago saber a quién le incumba, que esto no termina aquí, ni ahora, sino después de que se haya hecho justicia.

Yo creo que todo esto, es solamente la punta del Iceberg.